A diferencia como fue en la primera ola, a partir del denominado Compromiso Sanitario que se impulsó en octubre, algunas faenas de la construcción han podido seguir funcionando en comunas que están en cuarentena.

Así, mientras en el peak de la pandemia en 2020 fueron 900 las obras detenidas, con un efecto en la pérdida de 380.000 puestos de trabajo, según información de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), ahora la situación es distinta..

Esto, porque se estima que hay 3.158 faenas privadas con autorización para operar en Fase 1. Un 89,6% de ellas está actualmente en operación; es decir, hay 2.849 activas. El resto estaría inactivo, entre otras razones, porque puede haber finalizado el proyecto.

De aquellas cuentan con el permiso, 1.638 se ubican en la Región Metropolitana y 1.495 en las otras regiones del país.

En empleo, el modelo ha permitido que 451.201 personas estén trabajando en esos proyectos.

En medio de la nueva ola de contagios -que está siendo más crítica que la primera- y la posibilidad de que vuelvan las restricciones, el gremio señala que mientras el permiso se mantenga vigente, “las construcciones deben cumplir con la toma de PCR a todos los trabajadores, proveer de transporte privado, contar con condiciones sanitarias adecuadas y el reporte sanitario al interior de la obra”.

“Este protocolo ha permitido tener un factor de carga de contagio de tres trabajadores por cada 100.000 personas en obras y faenas; una cifra mucho más baja que la que se registra a nivel nacional que llega a 30 por cada 100.000 habitantes”, dicen.

Recalca que “este autorreporte de contagio en obras nos ha servido para hacer seguimiento y detectar posibles focos de contagio y gestionar a tiempo una buena trazabilidad, dando cuenta que la construcción no es un vector de contagios”.

Posibles sanciones

Además, el gremio impulsó un portal llamado “Línea Directa Sanitaria”, para que cualquier persona pueda denunciar si ve que alguna faena está incumpliendo con las medidas sanitarias.

El gremio asegura que, además, junto con la Mutual de Seguridad y Mutual Asesorías, están realizando más de 100 fiscalizaciones a la semana, todas sorpresivas.

“Si una empresa no cumple, por ejemplo con el transporte privado, esa información es entregada al Ministerio de Economía y a la Seremi de Salud para que determinen si se debe o no aplicar sanciones o revocar el permiso”, detalla la institución.

Fuente: Diario Financiero