Al menos 126 hectáreas en Santiago están siendo utilizadas por las Fuerzas Armadas para compraventa y podrían ser traspadas al Ministerio de Vivienda para construir 18 mil casas de manera gratuita.
Ya hay en marcha un proyecto de ley que busca regular el uso de bienes inmuebles controlados por las Fuerzas Armadas, Carabineros y la PDI. En 2016, el Ejército recaudó más de US$ 46 millones al vender un terreno de 9.900 m2 a una inmobiliaria frente a la Escuela Militar en Las Condes.
Fiscalizar entidades públicas y proyectos privados
Con dicho proyecto de ley se pretende terminar con la compraventa de paños de las Fuerzas Armadas y la policía. Ha sido promovido por el Presidente de la Fundación Defendamos la Ciudad, Patricio Herman, junto con el abogado Francisco Feres y el arquitecto Premio Nacional de Arquitectura 2019 Miguel Lawner. Herman, defiende “la lucha por un crecimiento armónico en la capital”. Se pretende así fiscalizar entidades públicas y proyectos privados que traten de violar la legislación urbana.
El Estado ha ido entregado al Ejército a lo largo de los últimos 50 años de manera gratuita patrimonio para cubrir sus necesidades institucionales y estos lo han ido vendiendo en el mercado. Esto se conoce como PAF (Patrimonio de Afectación Fiscal).
El intento de venta de un terreno de 6,8 hectáreas controlado por el Ejército por un valor de $ 25 millones considerado desde hace más de 30 años como eriazo y la licitación de un paño de 17 mil metros cuadrados, también en condición de sitio eriazo, por un monto de $ 8.870 millones, hizo saltar todo por los aires. Ambos inmuebles fueron cedidos gratuitamente por el Estado al Ejército.
«Es de toda lógica que, existiendo una burbuja inmobiliaria con altísimos precios de las viviendas y déficit de terrenos, exista una transferencia gratuita de esos precios por parte de las instituciones militares para que el Ministerio de Vivienda construya proyectos de integración social y urbana. Al respecto, este proyecto de ley aborda la situación de la manera más racional y por ello estamos seguros que pronto será una ley, pues, entre otros motivos, es indispensable terminar con los campamentos en los cuales la gente vive hacinada», dice Herman.
La composición de la oferta ha sufrido importantes cambios desde 2015 a la fecha. Hace seis años, al menos el 50% era de propiedades de hasta 2.000 UF, mientras que hoy el 61% de la oferta se centra en propiedades de entre 2.000 y 4.000 UF. Según la CChC, esto se explica principalmente por la escasez de suelo, insumos más caros y normativas más restrictivas que han impactado en los precios.
El alza de la vivienda a nivel mundial
Según el Catastro Nacional de Campamentos 2020-2021 realizado por Techo-Chile, existen 81.643 familias habitando en 969 campamentos en Chile, un aumento de 74% en comparación a las cifras arrojadas por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) en 2019, y con una población tres veces superior a la existente hace una década. Asimismo, los precios de casas y departamentos han subido más del doble en los últimos 10 años en la Región Metropolitana.
Pero el alza de precios de las viviendas no es un fenómeno que se ha dado solo en el país, los datos en Europa arrojan una tendencia a que se abrirá un debate sobre el precio de las rentas y el cada vez más difícil acceso inmobiliario en las grandes ciudades .
«La razón del alza de la vivienda no está por la rentabilidad del negocio, sino que por la escasez de suelo. Eso ha sido determinante en el alza del precio de la vivienda», ha señalado Antonio Errázuriz, presidente de la Cámara Chilena de la Construcción.
Existen 22 terrenos subutilizados que podrían ser traspasados al Estado para el desarrollo de viviendas o áreas verdes públicas. Entre los paños analizados se incluyen varias zonas de la Escuela Militar (ver tabla adjunta).
Hacer de las propiedades áreas recreativas y verdes
En el año 1997, el Ejército vendió a una inmobiliaria –en un monto que nunca se hizo público- una fracción del terreno de la Escuela Militar que termina por el oriente en la avenida Alonso de Córdova, donde se construyeron una serie de edificios habitacionales. «Con precios de mercado, y considerando destinaciones para áreas verdes y vialidad, estimamos un valor de US$ 700 millones para las 126 hectáreas», dice Poduje, quien explica que, dependiendo de las densidades, se podrían levantar en los mentados terrenos de las FFAA y las policías subutilizados entre 13 mil y 18 mil viviendas. «Estamos proponiendo que la mitad sea social (DS 49) en formatos de integración DS 19», explica.
Dice que la prioridad es que sean viviendas, pero con áreas verdes, servicios o equipamientos deportivos. «Queremos que sean barrios modelo de la ciudad integrada que debemos hacer», afirma.
Patricio Herman, insiste: «Es indispensable que se apruebe rápido esta ley para regularizar el asunto de los inmuebles fiscales que el Estado les ha donado a las ramas de las FFAA, pues por muchos años se han ofrecido en el mercado inmobiliario sin injerencia alguna del Ministerio de Bienes Nacionales. Ha llegado la hora del imperio de la ley, de ponernos a la altura de los países del primer mundo, y estoy seguro que ningún parlamentario se opondrá a su aprobación».
